La estimación oficial reciente más completa a este respecto
es la que se hizo pública en las «consideraciones preliminares» del I Plan de
Desarrollo (1964-1967). Con base en esa reseña oficial podemos resumir los
daños materiales del conflicto como sigue:
a) Disminución de la población activa en medio millón de
hombres, una cifra poco más de la mitad de la estimada por nosotros, lo cual no
es extraño, ya que en los medios oficiales el censo de 1940 se consideraba como
exacto.
b) Pérdida de 150 Tm del oro del Banco de España que la República empleó en la
financiación de la guerra, equivalentes a 575 millones de dólares. Ello habría
de tener graves consecuencias no sólo en el sistema monetario, sino, sobre
todo, en el proceso de reconstrucción.
c) Gastos de guerra de 300000 millones de pesetas de 1963
por parte de los dos ejércitos. Esa fue la «inversión» estéril más grande de
toda nuestra historia.
d) Destrucción de gran número de edificios públicos; ruina
completa de 250000 viviendas (sobre unos 6 millones), e inutilización parcial
de otras 250 000. En conjunto se vio afectado alrededor de un 8 % del
patrimonio habitacional del país. Aparte, naturalmente, de que el déficit de
viviendas no dejó de crecer en los tres años de guerra.
e) La destrucción fue especialmente intensa en las zonas más
azotadas por la guerra. Un total de 192 ciudades y pueblos vieron destrozados
más del 60 % de sus edificios.
f) La guerra incidió también, de modo muy grave, en todo el
sistema de transportes y, en especial, a los ferrocarriles que todavía en 1950
no se habían recuperado del colapso que originó la guerra. Concretamente,
quedaron destruidas 1309 locomotoras (el 41,6 % del parque existente el 18 de
julio de 1936), 30000 vagones (el 40,3 %) y 3700 coches de viajeros (el 71,2
%).
En las carreteras «los daños sufridos fueron de
consideración, especialmente en lo que respecta a las obras de fábrica, que
fueron voladas en gran número». Y en cuanto a la Marina mercante, perdió
225000 TRB, más del 30 % de su tonelaje total en 1936. g ) En cuanto a la
ganadería, las diferencias en las cifras (en millones de reses sacrificadas),
entre un año normal (1933) y 1940, ya en curso de reajuste la economía,'nos
expresan de forma aproximada la extrema gravedad de las pérdidas:
Años Vacuna
Lanar y cabrio Porcino
1933 597
2926 382
1940 291
1977 191
% de reducción 34,3 32,7
50,6
h) La superficie sembrada cayó de forma dramática entre 1935
y 1939 (de 4,5 a
3,5 millones de hectáreas en trigo; de 1,8 a 1,5 en cebada, etc.) por falta de mano de
obra, de ganado de labor y de equipo. Y esa caída persistió - por las mismas razones- durante la década
de 1940, acompañada, además, de una fuerte contracción de los rendimientos.
i) En síntesis, la variación global entre 1935 y 1939,
imputable fundamentalmente a la guerra, queda reflejada en el siguiente cuadro
(para año base 1929 = 100).
Conceptos 1935
1939 % disminución
Producción agrícola . . . . . . .. 97,3 76,7 21,2
Producción industrial . . . . . . 103,3 72,3 31,0
Renta nacional (10,9 pts . de 1929) . 25,3 18,8 25,7
Renta per cápita (pts. de 1929) (1935)1033,0 (1939)740
%-28,3
j) En suma, el nivel de renta del español medio se hundió en
un 28,3 %, y además se agravó el desequilibrio en la distribución personal de
la renta, por las medidas adoptadas: contrarreforma agraria, control de los
salarios, etc.
Pero más que a estas cifras que simplemente comparan 1935
con 1_939 ó 1940, lo importante es destacar globalmente que a partir’de 1939 la
economía española entró en una larga fase de regresión/estancamiento en todos
los órdenes. Hasta 1951 no se empezó a salir de esa situación (sólo en 1953 se
alcanzó el nivel de renta por individuo activo de 1935) y sólo hacia 1959, con
el Plan de Estabilización pudo España desprenderse definitivamente de las
últimas secuelas de la postguerra.
Cuestiones monetarias
Por último, será de interés referirnos a cómo fueron
resueltos los problemas planteados por la escisión del país en dos zonas
monetarias a la hora de su reunificación. A estos efectos, ya en julio de 1937,
la Junta Técnica
del Estado, en Burgos, dispuso el bloqueo de las cuentas corrientes bancarias
en toda la zona que los nacionales fueron ocupando, haciendo así imposible la
utilización de sus saldos.
La posterior ley de desbloqueo, de 7 de diciembre de 1939,
dividió en cuatro grupos las cantidades de dinero circulante o disponible en la
zona republicana: 1º) Cuentas corrientes abiertas con anterioridad al 18 de
julio de 1936, y en las que no se hicieron nuevos ingresos; 2º) Cuentas
corrientes abiertas con anterioridad a la fecha citada, pero aumentadas
ulteriormente; 3°) Contratos celebrados en la «zona roja» para ser ejecutados
con posterioridad a la terminación de la guerra; 4º) Nuevo dinero emitido por
el gobierno republicano después del 18 de julio de 1936. Esta división fue
hecha al objeto de adoptar para cada grupo las medidas que se considerasen más
oportunas.
El principal problema de la reunificación monetaria estribó
en determinar a qué tipo de cambio se realizaría la conversión del dinero
procedente de la zona republicana en dinero del nuevo Estado. Para buscar una
solución al tema se nombró una comisión, para cuya presidencia fue designado el
estadístico Antonio de Miguel.
La comisión al abordar la conversión de ambas monedas según
una escala cronológica de equivalencias del valor, observó la posibilidad de
adoptar uno o más de los tres criterios siguientes: a) Relación de los aumentos
de circulación llevados a cabo en una y otra zona. b) Relación existente entre
el valor de la peseta republicana y el de la nacional, medida a través del
franco francés, según la cotización de las dos monedas en la bolsa de París. c)
Relación entre los índices de precios en ambas zonas. Los tres sistemas
presentaban notables inconvenientes, y por ello parece que para confeccionar la
escala de conversión se tuvieron en cuenta los tres, aunque no llegó a
especificarse con qué ponderación.
Las normas de la ley de desbloqueo pueden resumirse en las
siguientes: 1ª) No se cambiaron, y perdieron todo valor, los billetes emitidos
por el gobierno republicano después del 18 de julio de 1936; sí se cambiaron, a
la par, los billetes emitidos con anterioridad a esa fecha. 2ª) Los depósitos
anteriores al 18 de julio de 1936 que no habían sido alterados, fueron
convertidos a la par. 3ª) No se abonaron las cantidades adeudadas por el
gobierno republicano después del 18 de julio de 1936. 4ª) La cuentas corrientes
abiertas con posterioridad al 18 de julio de 1936 o que experimentaron
modificaciones después de esa fecha, al no poderse averiguar la moneda
utilizada al realizar los depósitos se dividieron en siete grupos, y sus saldos
se convirtieron en pesetas nacionales, según la escala de conversión
establecida en la ley, en la que disminuía el tipo de cambio conforme se
trataba de depósitos efectuados en fecha más cercana a la terminación de la
guerra.
De modo análogo se procedió para solventar lo relativo a los
contratos celebrados durante la etapa bélica. De esta forma se redujeron los
saldos de las cuentas corrientes en la zona ocupada desde nueve mil millones de
pesetas a menos de un tercio de esa cantidad.
Este es, en resumen, el contenido de la ley de desbloqueo de
1939, que de hecho era una ley para vencidos. Por otra parte, había un claro
propósito de contracción de la oferta monetaria, y la discriminación de los
depósitos y contratos pendientes en la antigua zona republicana evitó lo que
podría haber sido un fuerte incremento de la circulación fiduciaria, que se
habría sumado al que se produjo como consecuencia de los anticipos que la nueva
central del Banco de España en Burgos concedió al Estado nacional durante la
guerra, y que se materializaron en la ya citada emisión de billetes por un
total de 9000 millones de pesetas.
La autarquía
El modelo político conformado entre 1936 y 1939 se
caracterizó por la supresión de prácticamente todas las libertades públicas, la
disolución oficial de los partidos de izquierda
- con la posterior unificación de los de derechas en el Movimiento
Nacional en 1937-, la abolición de las autonomías regionales y la repulsa de
cualquier órgano legislativo de elección popular.
El modelo así nacido en la guerra civil se consolidó y
tendió a perpetuarse tras el 1 de abril de 1939, mediante la más formidable
represión: ejecuciones, encarcelamiento, exilio, depuración de funcionarios,
persecución policial, censura; combinándose esos aspectos de exterminio de la
oposición con una serie de situaciones prebendarias y de permisividad de
corrupción para los adictos al Régimen.
Por su parte, el modelo económico surgido de la guerra
civil, que podemos calificar de autárquico, era plenamente coherente con la
estructura político-autocrática ya esquematizada; sus rasgos básicos creo que
pueden agruparse en cuatro categorías:
1. Propósito de autoabastecimiento como respuesta al colapso
del comercio exterior que se originó tras la guerra civil 1936-39; no sólo por
el estallido de la
Segunda Guerra Mundial, sino también a causa del sistema
político franquista, que marginó a España de buena parte de sus anteriores
relaciones internacionales.
2. Supresión de numerosas libertades en el área de la
economía, mediante toda clase de intervencionismos, como los definidos en las leyes
industriales de 1939 sobre protección y ordenación de la industria nacional.
Con la política intervencionista se favoreció a los grupos financieros
oligárquicos, que ya en 1936, casi en el mismo comienzo de la guerra,
recibieron la primera garantía para sus negocios; el «status quo bancario», que
permitió la expansión indefinida de los grandes bancos en base a la prohibición
de crear nuevas entidades bancarias.
3. Intervención directa del Estado en el sistema productivo
a través del Instituto Nacional de Industria. Creado en 1941, el INI, como
entidad subsidiaria de la iniciativa privada, se convirtió en un instrumento
típico del capitalismo monopolista de Estado, de apoyo al gran capital
monopolista privado.
4. Control y explotación de las clases trabajadoras. Al
margen de declaraciones programáticas, claramente inspiradas en el fascismo
italiano (como el Fuero del Trabajo, basado en la mussoliniana Carta di Lavoro), pronto se vio cuál
sería el «nuevo orden laboral»: disolución de los sindicatos y organizaciones
de clase, sindicato vertical único, supresión del derecho de huelga,
encarcelamientos, exilio y repetición del servicio militar para la mayoría de
los trabajadores que ya habían servido en las filas del ejército republicano.
En definitiva, la autarquía significó una regresión total respecto de las
transformaciones estructurales planteadas en los años treinta (reforma agraria,
autonomías regionales, sindicalismo libre, etc.).
Al propio tiempo, la autarquía hizo posible un intenso grado
de acumulación capitalista, y no precisamente por la senda de un crecimiento
rápido, sino merced a fuertes tasas de plusvalías, conseguidas por la
sincronización de precios altos y salarios bajos durante todo un prolongado
período de estancamiento (1939-1951), con las clases trabajadoras debatiéndose
entre la represión y el paro.
RAMÓN TAMAMES