Gregorio López-Raimundo. Afiliado al PSUC al principio de la guerra, fue comisario político del Ejército Popular en el frente de Aragón. Al finalizar la guerra estuvo exiliado en Francia, Colombia y México.
Los hechos de mayo de Barcelona 3-6 de mayo de 1937
Los llamados «hechos de mayo» de Barcelona constituyen seguramente el episodio más controvertido de la guerra civil española.
Una de las versiones más divulgada atribuye su origen y
desarrollo a la inquina de los comunistas contra el Partido Obrero de Unificación
Marxista (POUM), y apoya su argumentación en que, tras los sucesos, el POUM fue
disuelto y sus dirigentes juzgados como instigadores de los mismos, a sabiendas
de que sus promotores principales fueron determinados personajes y grupos anarquistas
a los que no se pidió responsabilidad alguna.
Otra versión pretende que aquellos hechos fueron provocados
y dirigidos por los servicios de espionaje franquistas, versión que se vio
reforzada después de la guerra mundial al conocerse un informe a su Gobierno
del embajador alemán en Salamanca, fechado el 11 de mayo de 1937, en el que se
dice: «Con motivo de los disturbios de Barcelona, Franco me ha dicho que los
combates de calles habían sido provocados por sus agentes.»
En realidad, los hechos de mayo de Barcelona no tuvieron una
sola causa, sino muchas. Pero, a mi entender, fueron sobre todo el resultado
del choque entre dos interpretaciones distintas del carácter de la contienda
armada que inicia la sublevación franquista en 1936.
El doble poder
La superioridad numérica de la CNT-FAI sobre el resto de
las organizaciones, así como su mayor experiencia en luchas callejeras, dio a
los anarquistas una posición dominante en los comités revolucionarios que se crearon
por doquier tras la derrota de la sublevación del 19 de julio, así como en el
Comité Central de Milicias Antifranquistas, constituido el 21 de julio como
órgano de doble poder de las fuerzas revolucionarias catalanas.
Companys y ERC colaboraron en la formación del Comité de Milicias
en una situación en que el Consejo de la Generalitat había sido completamente desbordado y
el poder había pasado a los comités creados por la CNT-FAI. Las otras
fuerzas que se integraron en el Comité de Milicias tampoco tenían militantes organizados
ni influencia comparable a la de los anarquistas, y aceptaron asimismo la hegemonía
de la CNT-FAI
como algo normal e inevitable. Únicamente meses más tarde y gracias, sobre todo,
a la acción del PSUC y a la valentía de Joan Comorera, se lograría que el
Consejo Ejecutivo de la
Generalitat recuperara parcialmente su vigencia y que, tras
los hechos de mayo de 1937, se restableciera en Cataluña la legalidad
autonómica y republicana.
Ha de reconocerse, sin embargo, que esta evolución fue
posible porque, en julio del 36, los anarquistas no se decidieron a implantar
plenamente sus propios postulados y consintieron la supervivencia formal de la Generalitat.
Desde pocos días después del 23 de julio, en que se
constituye, el PSUC defiende que todo debe supeditarse a la necesidad de ganar la
guerra. Proclama, ya en esas fechas, que si la República es derrotada la Cataluña revolucionaria
también lo será; que no se está haciendo la revolución social como pretenden
los dirigentes de la CNT-FAI
y del POUM, sino que se está defendiendo la República democrática
frente al fascismo y que debe constituirse un Gobierno de la Generalitat de Frente
Popular, con la participación de la
CNT-FAI y la
UGT.
Los anarquistas en el
Gobierno
El 26 de setiembre se forma un Consejo Ejecutivo, presidido
por Tarradellas, con tres representantes de ERC, tres de la CNT , dos del PSUC, uno del
POUM, uno de ACR y uno de la
UR. La declaración del Consejo subraya que va a imponer sus
directrices en toda Cataluña, directrices —dice— «de las que no se podrá apartar
nadie sin ser declarado faccioso».
Hasta ese momento, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat no tenía ningún poder real. El verdadero gobierno era el Comité
de Milicias que, como escribió Vicente Guarner, controlaba «la casi totalidad
de las finanzas catalanas, las fronteras, la policía, los transportes, la
sanidad pública y la dirección de la lucha en el frente de Aragón».
Pero la situación se deterioraba cada vez más y por todas
partes los comités CNT-FAI y los incontrolados establecían reinos de taifas ajenos
a toda regla y a todo control. De aquí que una de las primeras decisiones del
nuevo Consejo, aplicada con éxito, fuese organizar un viaje de Tarradellas a
Lérida y Tarragona, que vivían como cantones independientes, para intentar
restablecer la autoridad de la
Generalitat.
El día 1° de octubre el Consejo acordó la disolución del
Comité de Milicias y la creación de la
Junta de Seguridad, y el día 9 decidía disolver los Comités
de Milicias y Comités Locales de toda Cataluña y publicaba un decreto que
ordenaba la constitución de Consejos Municipales con una composición
proporcional a la que tenía el Consejo Ejecutivo de la Generalitat.
El 22 de octubre aparecía en la prensa un comunicado
conjunto de la CNT-FAI
y del PSUC-UGT preconizando una serie de medidas políticas dirigidas a
concentrar los esfuerzos de Cataluña en ganar la guerra. Estas medidas incluían
la militarización de las milicias y la colaboración política, económica y
militar con el Gobierno de la
República , con el que apenas había relación desde Cataluña. El
mismo día 22 el Consejo de la
Generalitat aprobaba el decreto de colectivizaciones y
control obrero, la entrega a la
Generalitat de las armas existentes en la retaguardia y otras
medidas con orientación similar.
Guerra o revolución
Desgraciadamente ni los acuerdos de las cuatro
organizaciones ni las resoluciones del Consejo se tradujeron inmediatamente en
una mejora de la situación. El 25 de octubre el POUM hacía un mitin en la Monumental en el que
Jordi Arquer advertía que los milicianos estaban dispuestos a volver a
Barcelona desde el frente a hacer la revolución si ésta era traicionada. La
polémica sobre la prioridad de la guerra o de la revolución se endurecía.
El 4 de noviembre se crea en Madrid el segundo Gobierno
Largo Caballero, en el que entran cuatro ministros de la CNT , mientras los ejércitos
franquistas se acercan a Madrid. En esa situación, el POUM se opone a que las
milicias catalanas vayan en ayuda de Madrid. «La Cataluña revolucionaria
—escribe La Batalla- ha cumplido su deber en la guerra
civil; ahora le corresponde a Madrid y al resto de España hacer otro tanto.»
El 14 de diciembre se disuelve el Gobierno de unidad y el 17
se crea un nuevo Consejo Ejecutivo, al que se incorporan los principales
líderes de la FAI ,
en el que el PSUC tiene una Consejería más y no se incluye a ningún
representante del POUM. El órgano central del POUM, La
Batalla , escribe dos días después: «La clase obrera no
puede permitir que, so pretexto de las necesidades de la guerra, sea creado de
nuevo un ejército que de la noche a la mañana pueda transformarse en
instrumento para aplastarla.»
El 20 de diciembre el PSUC y la UGT celebran un mitin en el Salón
Price, en el que Comorera asume la responsabilidad de la reciente crisis del
Consejo de la Generalitat ,
justificándola en la necesidad imperiosa de poner fin al caos que se ha
producido en la economía y en la urgencia de aplicar las medidas adoptadas por
el Consejo. Pero tampoco con el nuevo Gobierno de la Generalitat se avanzará
rápidamente en esa dirección. De hecho, la CNT-FAI continuaban
practicando la táctica de considerar sus comités como verdaderos órganos de
poder y la Generalitat
como cobertura para legalizar su acción, táctica que facilitaba y estimulaba el
POUM defendiendo abiertamente que lo más urgente era llevar hasta el fin la
revolución social.
El enfrentamiento entre la CNT-FAI y el PSUC-UGT se
extendía a todos los problemas fundamentales, y en el Gobierno de la Generalitat se
eternizaban las discusiones y no se asumían actitudes decididas debido a la
oposición de Tarradellas a tomar ninguna medida que no tuviera el asentimiento
de los representantes de la CNT.
Fin del doble poder
Tras largas y penosas sesiones, el Consejo de la Generalitat aprobaba
el 1.° de marzo los llamados Decretos de Orden Público, que ordenaban la
disolución de todos los cuerpos de Seguridad —incluidas las patrullas de
control- y su unificación en un único cuerpo de Seguridad Interior. También se
disolvían los Consejos de Obreros y de Soldados y todos los organismos que
ejercieran funciones de orden público.
El 13 de marzo, el Consejo acordaba dar un plazo de 48 horas
para que se entregaran a la
Generalitat todas las armas existentes en la retaguardia,
evaluadas en más de 40.000 fusiles y que incluían hasta tanques y cañones.
Tarradellas hizo un discurso por la radio pidiendo unidad y la colaboración
ciudadana para la aplicación de estas medidas. Pero sus palabras no serían
escuchadas por los anarquistas. Ya el 10 de marzo la Federación Local
de grupos anarquistas de Barcelona había publicado un manifiesto pidiendo la
anulación de los Decretos de Orden Público «atentatorios a las esencias de la revolución
en marcha». Francesc Esgleas, consejero de Defensa, presentó la dimisión y los
demás consejeros de la CNT
se solidarizaron con él.
El 26 de marzo se notificaba oficialmente la crisis del
Consejo, más grave que las anteriores porque los representantes de la CNT se desolidarizaban con
acuerdos aprobados por ellos mismos. La polémica pública entre CNT-FAI y
PSUC-UGT arreció, y el 3 de abril Tarradellas constituyó un Gobierno
provisional con sólo seis consejeros; pero los dos representantes de la CNT no acudieron a su primera
reunión. El PSUC condicionaba ahora la unidad a la aceptación del Frente
Popular y la formación de un Gobierno con plenos poderes que tuviera como
programa de acción su llamado Plan de la Victoria. La CNT
rechazaba tal plan y reclamaba la reconducción de un Gobierno sindical, basado
en la CNT y la UGT , y la reforma de los
Decretos de Orden Público.
Por fin, el 16 de abril se constituye un nuevo Consejo,
similar en su composición política al dimitido oficialmente el 26 de marzo, en
el que la principal novedad es la creación de un Consejo Superior de Guerra,
presidido por Companys, y la formación de la Comisión de Industrias de
Guerra con la participación de todas las fuerzas representadas en el Consejo.
Cambio importante fue también la disolución de la Junta de Seguridad Interior
y el nombramiento de Rodríguez Salas como comisario general de Orden Público.
El 25 de abril, Roldán Cortada, secretario de Rafael
Vidiella en la Consejería
de Trabajo y Obras Públicas, era asesinado. El 27 se produjeron varios muertos
en Bellver de Cerdanya en un choque armado entre los carabineros y los
milicianos anarquistas comandados por Martín (el Cojo de Málaga), que ejercía
el control absoluto de la frontera con Francia desde el 19 de julio y se negaba
a entregarlo a los representantes del Gobierno.
Los llamamientos de la FAI y del POUM a que nadie se dejara desarmar y a
impedir la aplicación de los Decretos de Orden Público eran una abierta
incitación a la subversión.
El día 2 de mayo, el órgano oficial de la CNT , Solidaridad Obrera, escribía: «La garantía de la revolución es el
proletariado en armas. Intentar desarmar al pueblo es colocarse al otro lado de
la barricada. Trabajadores: ¡Que nadie
se deje desarmar por ningún concepto!»
El desenlace
El 3 de mayo, a las tres de la tarde, Rodríguez Salas,
cumpliendo órdenes de Ayguadé y de Companys, entraba en la Telefónica al frente de
una Compañía de Guardias de Asalto para hacerse cargo del control de la misma.
Pero sólo pudo ocupar la planta baja. Los fascistas habían colocado
ametralladoras en el primer piso, donde se hicieron fuertes.
Este incidente da comienzo al levantamiento de barricadas en
numerosas calles y plazas de Barcelona y a los combates callejeros que se
prolongan hasta el día 6. Durante estos tres días fueron atacados los edificios
de la Jefatura
de Policía, la Generalitat ,
Gobernación, el Parlamento (residencia del presidente de la República , don Manuel
Azaña) y otros, pero los atacantes se dispersaron rápidamente en todos los
casos al ser repelida su agresión. Fue, sobre todo, en el curso de estos ataques
que se produjeron los varios centenares de muertos y el millar de heridos que
registraron las estadísticas.
Ningún local de la CNT-FAI o del POUM fueron atacados. El PSUC, las
JSUC y la UGT se
limitaron a defender sus propias sedes y a enviar militantes a los centros
oficiales que lo solicitaron para reforzar su defensa. La Telefónica fue el único
lugar que ocuparon las fuerzas dependientes de la Generalitat para poner
fin al secuestro en que la
CNT-FAI mantenían las comunicaciones telefónicas, situación
por la que tanto el jefe del Gobierno, Largo Caballero, como el presidente de la República , don Manuel Azaña,
habían expresado días antes su disgusto al presidente Companys.
El historiador Francesc Bonamusa atribuye el levantamiento insurreccional a «la mayoria de las patrullas de control,
los Comités de Defensa Confederal, sectores de la CNT-FAI , las Juventudes
Libertarias, el POUM, las Juventudes Comunistas Ibéricas y agrupaciones extremistas como los Amigos de
Durruti y otras». Bonamusa relata a continuación que en la misma tarde del día
tres se publicaron notas de los comités regionales de la CNT y de la FAI «en las que se requería
que se abandonasen las armas y se llegara a un acuerdo entre los diferentes
sectores de la UGT
y de la CNT ».
En la noche del tres los representantes de la CNT en el Consejo de la Generalitat llamaron
por la radio a los insurrectos a deponer las armas. Otro tanto harían los días
4, 5 y 6 los dirigentes de la CNT
y UGT llegados de Madrid así como García Oliver y Federica
Montseny, miembros del Ministerio Largo Caballero.
En la madrugada del día cinco el Consejo estaba dimitido y se
creaba otro provisional, bajo la presidencia de Companys, compuesto por los
secretarios generales de la UGT
y de la CNT , Antonio
Sesé y Valerio Más, por el representante de la UR , Joaquín Pou, y por Martí Faced, representante
de ERC.
A mediodía, cuando se dirigía en automóvil a tomar posesión
de su nuevo cargo, el secretario general de la UGT , Antonio Sesé, era ametrallado y muerto en el
acto en plena calle Caspe. Horas más tarde, Sesé era remplazado por Rafael
Vidiella y el Consejo se constituía. Pero los combates callejeros continuaban,
y La Batalla publicaba un manifiesto de «Los Amigos
de Durruti» en el que —según Bonamusa- «se pedía que fueran fusilados los
“culpables” de la “subversión” y se disolvieran todos los partidos políticos
que hubiesen “agredido” a los trabajadores».
El día 6, el Gobierno Central, autorizado
por el presidente de la
República , se hacía cargo del Orden Público en Cataluña y
designaba al general Pozas, jefe de la IV División Militar con mando sobre las fuerzas
del frente de Aragón, dependientes hasta entonces de la Consejería de Defensa
de la Generalitat.
Para respaldar estas medidas eran enviados desde Valencia
fuertes contingentes de policía y llegaban al puerto de Barcelona los barcos de
guerra «Lepanto» y «Sánchez Barcaiztegui».
El día 7 se reanudaba parcialmente el trabajo y el 8 se
restablecía la normalidad dejando como balance numerosos muertos y heridos, una
población más dividida y desmoralizada y una Generalitat disminuida en sus
funciones tras la asunción por el Gobierno Central del Orden Público y de la Defensa.
Aunque los periódicos no lo publicaron, días más tarde se
conocía en Barcelona que unidades de las Divisiones 26 y 29, mandadas respectivamente
por jefes anarquistas y del POUM, llegaron a Barbastro desde el frente de
Aragón con el propósito de marchar a Cataluña en socorro de los sublevados. El
teniente coronel Reyes, que mandaba la aviación destacada en Sariñena, les hizo
saber que serían bombardeados en la carretera si no desistían de su propósito,
lo que evitó, quizá, que los hechos de mayo de Barcelona fuesen todavía más
trágicos y sus consecuencias más perjudiciales.
Las Consecuencias
Los hechos de mayo determinaron la caída del Gobierno Largo Caballero
y la formación del Gobierno Negrín. En la reunión del Consejo del 15 de mayo
los dos ministros comunistas reclamaron la dimisión de Angel Galarza, ministro
de Gobernación, por no haber sabido evitar y descubrir el complot «trotskista»
causante de los hechos de Barcelona y pidieron que se tomaran medidas contra el
POUM, inspirador -según ellos- y principal responsable de los mismos. Largo
Caballero rechazó ambas peticiones y afirmó -según escribió él mismo años
después- que los hechos de Barcelona no se habían producido contra el Gobierno,
«sino entre elementos sindicales y políticos que pretendían monopolizar la dirección
suprema de los obreros de la región catalana». Ante esta respuesta los ministros
comunistas abandonaron la reunión y Negrín, Prieto, Giral, Irujo y Alvarez del
Vayo hicieron otro tanto. La crisis se resolvió el día 17 con la formación de
un Gobierno de Frente Popular, presidido por Negrín, sin representantes
anarcosindicalistas ni de la UGT
y del que no formaban parte Angel Galarza y Largo Caballero.
En Cataluña, tras difíciles negociaciones, se constituye el
29 de junio un Consejo de la
Generalitat del que se autoexcluye la CNT- FAI y en el que el
PSUC está representado directamente y no a través de la UGT como en los anteriores. La
etapa de los gobiernos basados principalmente en la representación sindical queda
atrás y, tanto en Cataluña como en España, se pasa a la de los Gobiernos de
Frente Popular. La tesis de que lo primero es ganar la guerra se impone por
fin, pero tan tarde y con tantas resistencias que la República será
derrotada, lo que conllevará no sólo la pérdida de las conquistas
revolucionarias posteriores al 19 de julio de 1936, sino la represión más total
y sangrienta del movimiento obrero que registra la historia.
Epílogo
El día 28 de mayo de 1937 se prohíbe la publicación de La
Batalla y el 16 de junio el POUM es disuelto y declarado
ilegal. A la vez, se detiene y encarcela a los miembros de su comité ejecutivo.
Andreu Nin es trasladado desde Barcelona a una finca-cárcel de Alcalá de
Henares, de donde desaparece misteriosamente en los primeros días de agosto. El
11 de octubre de 1938 los dirigentes del POUM son juzgados y condenados en
Barcelona.
Este es, sin duda, el episodio más triste de las disputas y enfrentamientos
en el campo republicano durante la guerra civil.
El POUM actuó evidentemente como abanderado principal de la tesis
demagógica e infantil según la cual para ganar la guerra debía hacerse primero
la revolución social, y protagonizó o respaldó, como hemos relatado, todos los
actos que retrasaron la aplicación de la política que podía haber llevado a la
victoria republicana.
No fue justo sin embargo —y ello constituyó uno de los
errores más graves del PCE y del PSUC durante la guerra civil- asimilar el POUM
al trotskismo internacional y equiparar a sus dirigentes con los condenados
como espías de Moscú en el proceso del «centro paralelo trotskista», los cuales
fueron, por otra parte, injustamente acusados según descubrió el informe de
Jruschov al XX Congreso del PCUS, en febrero de 1956.
Esta actitud del PCE y del PSUC dio base, además, a las acusaciones
que se hicieron a los comunistas españoles de ser responsables de la
desaparición y la muerte de Nin, acusaciones que nunca se pudieron probar pero
que relegaron a un segundo plano la hipótesis más probable, aceptada por el
propio Negrín, que fueran agentes alemanes quienes sacaran a Nin de la finca- cárcel
de Alcalá y le hicieran desaparecer.
Después del XX Congreso del PCUS yo he considerado y considero
también posible que fuesen agentes soviéticos quienes lo hicieran. En todo
caso, ni durante los hechos de mayo de 1937 ni en mi relación posterior con
militantes y dirigentes del PCE y del PSUC, a lo largo de casi cuarenta años,
observé un solo indicio de que en la desaparición de Nin hubiese participación alguna
de comunistas españoles.
GREGORIO LÓPEZ RAIMUNDO