Mientras los gobiernos Giral y Largo Caballero intentaban
dar nacimiento legal a una nueva estructura del Estado republicano, en Cataluña
y Levante los hechos desbordaron durante los primeros meses de guerra los
propósitos del gobierno central. La
CNT y la FAI ,
desde el primer día del triunfo contra el alzamiento, se lanzaron a una intensa
campaña de colectivización de las empresas privadas, con la anuencia del
gobierno de la Generalitat
de Cataluña. Cada empresa, y con frecuencia cada centro de trabajo de una misma
empresa, quedó bajo el control de un comité obrero, casi siempre si ninguna
coordinación racional con el resto del sistema productivo y de crédito. De este
modo, lejos de orientarse la producción sistemáticamente hacia el esfuerzo de
guerra, se dirigió en no pocas ocasiones hacia las actividades más
inmediatamente rentables.
Por otro lado, la reducción de la horquilla salarial por el
igualitarismo libertario, condujo casi siempre a una fuerte caída de la
productividad. Y la eliminación del director o gerente de empresa engendró una
abrumadora burocracia. Ante esa actitud de comunismo libertario, el PCE
preconizaba una línea muy diferente sintetizada en la frase «a mayor y mejor
trabajo, mayor jornal». Y frente a la descoordinada actuación de los comités,
luchó insistentemente por la nacionalización de la que el decreto de 23 de
febrero de 1937, al que luego nos referiremos, no fue sino un pálido reflejo.
En suma, los anarquistas de la CNT y de la FAI acometieron un experimento
ácrata generalizado, creando un semicaos económico; lo que la propia dirigente
anarquista Federica Montseny llamaría la «juerga revolucionaria». Refiriéndose
a los autores de tales experimentos, Federica Montseny dijo por entonces:
«Tienen las industrias y los talleres en sus manos, han hecho desaparecer a los
burgueses, viven tranquilos, y en una fábrica, en vez de un burgués hay siete u
ocho...»Tan sólo parte de las empresas extranjeras quedaron a cubierto de esta situación;
un ejemplo de ello fue el acuerdo a que llegó la CNT con el consulado británico de Barcelona, y
del que resultó una lista de 87 empresas en las que no se debía tocar nada.
El proceso de colectivización sólo pudo frenarse en la
medida en que la banca privada - en la
que el sindicato de la UGT
era el predominante- se mantuvo bajo el control del gobierno. Por otro lado,
estaba el problema de los medios de pago frente al exterior; aunque los
anarquistas lograron controlar no pocas exportaciones, no llegaron, sin
embargo, a ver materializados sus sueños de hacerse con el oro del Banco de
España, que dirigía el Ministerio de Hacienda, según ya vimos.
En el campo, las experiencias literarias fueron, si cabe,
aún más negativas. En especial, en la parte de la región aragonesa, que pudo
recuperarse; en ella, en agosto de 1936, se creó, por iniciativa de la CNT-FAI , el «Comité de
Nueva Estructuración de Aragón, Rioja y Navarra», que colectivizó todo, que
pretendió abolir el dinero, etc. La desorganización llegó a tal punto, que Juan
Peiró, líder de la CNT
llegó a decir a este respecto: «Cuando fueron al campo llevando consigo la
antorcha de la revolución, lo primero que hicieron fue arrebatar al campesino
todo medio de defensa... y una vez conseguido, le robaron hasta la camisa.» La
situación en el campo aragonés, pronto se hizo tan anárquica que incluso la CNT hubo de reaccionar para no
perder todo su prestigio y su poder político. El Comité de Nueva Estructuración
fue sustituido por el «Consejo de Aragón».
En Cataluña, también en un intento de reajuste, se creó el 3
de agosto de 1936 la «Federación de Sindicatos Agrícolas de Cataluña» para
coordinar la actividad de todos los trabajadores del campo. Como síntesis de
esos proyectos para centralizar los dispersos experimentos cenetistas, el día
11 del mismo mes se fundó un «Consejo de Economía de Cataluña», con un
ambicioso programa revolucionario. Pero este se vio imposibilitado a las pocas
semanas, por la escasez de crédito y de divisas, y porque el gobierno no se
mostró dispuesto a derrochar en ensayos de un paraíso libertario, cuando el
ejército faccioso de África ya avanzaba por Extremadura hacia Madrid.
Paulatinamente, el experimento anarquista no pudo por menos
que ir cediendo. Abad de Santillán comentaba amargamente sus resultados. «En
lugar del antiguo propietario - decía-
hemos puesto a media docena de nuevos patronos que consideran la fábrica, o los
medios de transporte por ellos controlados, como su propiedad personal; con el
inconveniente de que no siempre saben organizarse tambien como el antiguo
dueño.» De hecho, Abad de Santillán presentaba las cosas con un cierto
eufemismo, pues en enero de 1937 ya se habían presentado en el Ministerio de
Industria más de 11000 instancias de empresas colectivizadas solicitando el
auxilio del Estado para evitar la bancarrota o la paralización de sus
actividades.
En Cataluña, la entrada del PSUC en la Generalitat a partir
del 27de setiembre de 1936, empezó a marcar un nuevo giro, que en enero de 1937
se formuló de modo más categórico con el slogan de «Menos hablar, menos comités,
más pan. Todo el poder a la
Generalitat ». En la Generalitat la Esquerra empezaba ya a comprender
que sólo con el apoyo del PSUC podría contrarrestarla presión de la CNT y el POUM, más preocupados
siempre por la revolución libertaria en la retaguardia que por la lucha en el
frente.
En Valencia, las actividades anarquistas provocaron tantos o
más graves problemas que en Cataluña, e incluso incidentes sangrientos en el
caso de la exportación de la naranja, que los sindicatos de la CNT intentaron controlar
creando el «Consejo Levantino Unificador de Exportaciones Agrícolas»
(CLUEA).Tan sólo con el traslado de la capital a Valencia fue normalizado el
orden productivo en la región, a lo que contribuyó no poco el apoyo del PCE a
los agricultores de la huerta.
El intento de reorganizar la industria y el comercio,
tropezó durante el gobierno Largo Caballero con el obstáculo decisivo deque los
ministerios de ambos sectores estaban en manos de los cenetistas. Peiró, a
instancia del gabinete, presentó un proyecto que tras larga discusión se
convirtió en el decreto de 23 de febrero de 1937, que distinguía dos categorías
de industrias: las intervenidas, que al recibir ayuda estatal quedaban bajo la
fiscalización del Estado; y las incautadas, cuyos órganos de gestión estarían
en manos de representantes del Estado. Sin embargo, los resultados del decreto
se difuminaron al dictar el propio Peiró las normas de aplicación el 2 de
marzo, en las que de hecho los«comités de control» y los «consejos de fábrica»
tan gratos a los anarquistas, siguieron detentando el poder real en la mayoría
de los casos.
La política económica
y social del Dr. Negrín
Con la formación del gobierno Negrín (17 de mayo de 1937) se
vislumbraron elementos de cambio a una situación económica más ordenada. El 11
de agosto de 1937 se disolvió el Consejo de Aragón y con él todo el experimento
de colectivización ácrata, los intentos de liquidación del dinero, etc. El 28
del mismo mes se autorizó al gobierno la intervención de cualquier clase de
empresa minera o metalúrgica, para su militarización con fines de guerra.
Por otra parte, los pequeños propietarios agrícolas
confiscados irregularmente, pasaron a contar con la posibilidad de obtener la
devolución de sus tierras ocupadas en la primera onda anarquista. Y en Cataluña
incluso llegó a suspenderse el decreto de colectivización de la Generalitat , por
considerársele incompatible con la Constitución.
Sólo de esta forma, junto con la implantación del orden
público en la retaguardia tras las jornadas de mayo de 1937 en Barcelona, pudo
mantenerse el poder de la
República.
La visión favorable al anarquismo que los autores franceses
Broué y Temine ofrecen en su libro «La Revolution et la Guerre d ’Espagne» - interesante en tantos aspectos- nos parece
sesgada en favor de la CNT
y del POUM. En realidad fue en la región donde ambas organizaciones tuvieron
más adeptos, donde el apoyo real de las poblaciones locales a las tropas
republicanas resultó comparativamente menor. Fueron también ambas
organizaciones - protagonistas de los experimentos de colectivización total- el
refugio de buena parte de la 5ª columna catalana. Y aunque el asesinato de
Nin - el máximo dirigente del POUM- en
las checas de la NKVD
en Alcalá de Henares fue un acto cruel y que nadie puede aceptar honestamente,
lo cierto es que el POUM y la CNT
eran sendas barreras que necesariamente había que superar para lograr un mayor
esfuerzo de guerra.
Por todo ello no es justo afirmar que la República llegase a
eliminar las oposiciones - como
mantienen Broué y Temine. A este respecto, parecen lúcidas y sinceras las
palabras de Juan Comorera (PSUC) consejero de la Generalitat , quien el
2 de octubre de 1938,en plena batalla del Ebro se expresaba en estos términos:
«¿Qué es nuestro país hoy? En realidad, no existe una política económica
central. Hay economías diversas y contradictorias. Existe la economía privada,
existe la economía confederal; hay, además, el régimen especial de Cataluña. No
es posible prolongar esta situación y hay que buscar el camino de su
unificación. Nadie puede discutir la profunda verdad que se encierra dentro de
la afirmación de que un país no puede tener más que una economía. Discutir esto
es un absurdo. No cabe una economía de Cuenca o una economía confederal o una
economía catalana: en la
República española no debe haber más que una economía, que
es la economía de la
República española...»
Difícilmente puede afirmarse, pues, que se hubiesen roto las
oposiciones y que se hubiesen centralizado todas las decisiones cuando un 2 de
octubre de 1938 aún podían oírse palabras como estas.
Fue en la llamada zona nacional donde - sobre todo a partir del 19de abril de 1937,
con el decreto de unificación - se acabó
de una vez con cualquier clase de discusión sobre política interna. Por el
contrario, en el bando republicano subsistieron las diatribas hasta el 29 de
marzo de 1939, días antes de la terminación de la guerra. En síntesis podemos
esquematizar el proceso de la evolución social entre julio de 1936 y abril de
1939 en el bando republicano:
- Revolución socializante en el Centro y
colectivizadora en Cataluña y Levante (1ª fase: gobierno Giral).
- Necesidad de reorganizar la retaguardia
mediterránea abastecedora del frente, lo que origina una contención de la
experiencia colectivizadora (2ª fase: gobierno de Largo Caballero).
- Intento, no logrado, de centralización del
control económico en manos del gobierno, para conseguir un mayor rendimiento
del esfuerzo de guerra; y respeto explícito a la propiedad privada en el campo
y en la industria (3ª fase: gobiernos del Dr. Negrín).
En realidad, fue un proceso lógico. Y habría sido aún más
lógico que hubiese empezado antes, para llegar a tiempo a sus últimas
consecuencias. Para luchar con un Estado centralizado y militarizado como el de
Burgos, era necesario un Estado centralizado y militarizado - pero de distinto signo social- como el que
pretendió construir el Dr. Negrín. Esto no significó que los hombres que
entraron en el gobierno republicano después de mayo de 1937 fuesen menos
progresistas que los anteriores; simplemente, trataban de ganar la guerra.
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