Introducción
En el examen del cambiante panorama económico y social de la España de la guerra civil
en sus dos bandos, encontramos, en gran medida la explicación de fondo de la
pugna y de su resultado. En definitiva, las transformaciones socioeconómicas
durante la contienda permiten apreciar cabalmente el carácter ideológico y de
lucha de clases que tuvo la guerra civil, el rasgo que precisamente originó en
última instancia la polarización de la opinión pública de tantos países hacia
lo que sucedía en España.
Examinaremos primeramente la evolución en la zona
republicana para referirnos más adelante a la zona nacionalista. Ulteriormente
nos ocuparemos de otros temas igualmente importantes, conexos a la guerra: los
problemas de financiación que engendró y los efectos económicos y sociales de
la conflagración. Aspectos que incidieron seriamente en la España de los años cuarenta
y cincuenta, de la larga y difícil postguerra.
Durante la guerra, en la España republicana se produjo una profunda
transformación, que dio paso de una situación de democracia burguesa y
conservadora en lo económico y social a algo más próximo a lo que hoy
llamaríamos una República democrática. Si bien con todos los elementos condicionantes
que en el complejo proceso de cambio no podía por menos de generar una guerra
de suerte inicialmente incierta, y de posibilidades decrecientes de victoria.
Por lo demás, en todas las transformaciones de la España republicana
desempeñó un papel fundamental la falta de una dirección política única. La
fragmentación ideológica de las izquierdas de los años 1931-1935 se mantuvo e
incluso se acentuó con antagonismos de violencia total. Los partidos
republicanos perdieron casi toda su fuerza en favor de las organizaciones
políticas obreras como el PSOE, el PCE, la CNT-FAI , etc. Claro es que esas fuerzas tenían
posiciones muy distintas según las regiones, con predominio PSOE/PCE en el
Centro y con un peso mayor de la
CNT en Levante, Aragón y Cataluña.
La pugna entre ambas tendencias persistió más o menos
intensamente a lo largo del conflicto, debilitando de modo decisivo el esfuerzo
bélico. Y a su vez, los intentos de reconstruir el Estado, se vieron destruidos
por los recelos entre el PSOE y el PCE; y por la oposición sistemática de la CNT y el POUM, resueltamente
partidarios de toda clase de experiencias colectivistas y autonomistas. Hubo,
pues, una verdadera “guerra civil dentro de la guerra civil”.Por el contrario,
como veremos en detalle más adelante, en la España nacional se produjo un proceso de
concentración de todas las fuerzas bajo la dirección de Franco. La reafirmación
de la vieja estructura económica y social se tradujo en una amplia erradicación
de las organizaciones de izquierda, y especialmente de las fuerzas obreras. Y
los únicos planteamientos de una posible progresividad en la estructura social,
procedentes de algún sector de Falange, no tuvieron efectos prácticos
apreciables.
Por último, el ambiente de orden a ultranza y disciplina
totalitaria - combinado con algunos elementos de autarquía política más o menos
transitoria de determinados jefes militares- permitieron un esfuerzo bélico con
grandes economías, que efectivamente contribuyeron a la Victoria nacionalista;
aparte de lo que representó la ayuda de Hitler y Mussolini.
Revolución económica
y social en la zona republicana
Tras el efímero intento de Diego Martínez Barrio de
constituir un gabinete de conciliación nacional (con Mola como Ministro de
Defensa), el 19 de julio de 1939 quedó formado el gobierno republicano
presidido por José Gira], de Izquierda Republicana. Giral gozaba de la completa
confianza de Azaña, y su gabinete se integró todo él de prohombres
republicanos, conforme a lo estipulado en el pacto del Frente Popular. Este
gobierno duró hasta el 4 de setiembre de 1936, es decir, escasamente mes y
medio. Pero en tan breve lapso se sentaron las bases de lo quesería el sistema
económico y social de la
República durante la guerra, en lógica respuesta a la actitud
adoptada por las instituciones y grupos sociales que apoyaban el alzamiento
militar.
Prácticamente ninguna pieza de la compleja máquina del
Estado dejó de experimentar el impacto originado por el alzamiento militar y
por la respuesta popular.
La administración local, en parte abandonada por la
defección de alcaldes y concejales contrarios al Frente Popular, se vio
sustituida por comités locales, en los que participaban, en distintas
proporciones según sus fuerzas, representantes de los partidos y organizaciones
sindicales de izquierda.
Respecto a las fuerzas armadas se vieron desorganizadas
profundamente por el alzamiento, y a ellas se yuxtapusieron las milicias
formándose de este modo la matriz del ulterior ejército popular.
En las empresas, en la justicia y en la administración civil
central, se sucedieron reajustes significativos. De manera paulatina se tendió
a transformar a la República
burguesa de 1931 en una república democrática, ciertamente en un ambiente
muchas veces caótico; un ambiente que se debía no sólo a la presión de la
guerra, sino también a que en julio de 1936 las fuerzas agrupadas en el Frente
Popular, o vinculadas más o menos claramente a su suerte (como CNT y FAI)
apenas tenían en su unión poco más que un propósito electoral.
Por supuesto, esa unión electoral evolucionó en la búsqueda
de una acción común de republicanos, socialistas y comunistas, pero sin que
llegara a cristalizar en una unidad de propósitos. Hubo intentos de unión entre
el PCE y el PSOE, pero este último - a
la vista de la «comunistización» de las JSU y del PSUC - mantuvo su recelo hasta el final. En otro
sentido, y Largo Caballero fue su más preclaro preconizador, también se trató
de llegar a una unión de la base sindical UGT-CNT, pero ante esta posibilidad
ni la FAI ni el
PCE mostraron excesivo entusiasmo en razón a sus muy distintas concepciones
políticas.
En definitiva, lo que se produjo a lo largo de la guerra en
el lado republicano fue un gobierno de coalición en el que a partir del 5 de
noviembre de 1936 hasta el 18 de mayo de 1937 incluso 'participaron los
anarquistas. Con Negrín, el gobierno prescindió casi por completo de la
colaboración de la CNT. Pero ,
a pesar de todo no se llegó a una verdadera política común y centralizada para
tratar verdaderamente de conducir la guerra a la victoria. El contraste con la
llamada zona nacional, sobre todo después del decreto de unificación del 19 de
abril de 1937, no pudo ser más evidente.
A continuación hacernos una síntesis de las transformaciones
económicas y sociales durante los tres gobiernos sucesivos de Giral, Largo
Caballero y Negrín, con una referencia intermedia alas experiencias
anarcosindicalistas.
Las reformas de los
gobiernos Giral y Largo Caballero
En materia de reforma administrativa el gobierno Giral
desplegó una actividad inmediata. Por un decreto del 22 de julio de 1936 se
declaró cesantes a todos los funcionarios rebeldes. Consecuentemente, fue
objeto de especial depuración la policía. La Guardia Civil que
tan mayoritariamente se pronunció por el alzamiento, se transformó (decretos de
10 y 30 de agosto) en Guardia Nacional Republicana, con una resección de todos
sus mandos, llevada a cabo por una comisión especial. Análogamente y por
similares razones, la carrera diplomática fue reorganizada (decreto de 21 de agosto).
Paralelamente fueron desapareciendo las organizaciones de
orden de la CNT ,
FAI, etc., tras no poca resistencia a deponer sus patrullas propias y sus
métodos irregulares de «hacer justicia».Mención aparte, y más detallada,
merecen las medidas económicas que durante su breve mandato adoptó el gobierno
Giral. Podemos reseñarlas de modo muy esquemático como sigue:
a) Decreto del 1 de agosto de 1936, por el cual se redujeron
las rentas de inquilinato en un 50 % para las viviendas de las clases
económicamente menos dotadas. Un precedente, pues, de lo que más adelante, en
otros países, se llamaría «la reforma urbana».Con la particularidad de que en
época de guerra no había por qué temer ningún efecto negativo en la
construcción de nuevas viviendas, actividad que lógicamente quedó en suspenso.
b) Decreto del 2 de agosto de 1936, de incautación de todas
las industrias abandonadas por sus propietarios o gerentes, que pasaron a ser
administradas por los comités de obreros. Ya anteriormente se habían realizado
incautaciones específicas como las del 29 de julio de los bienes del financiero
Juan March que desde un primer momento prestó todo su apoyo a Franco.
c) En cuanto al tema fundamental de la tierra, el gobierno
Giral también empezó a marcar la pauta de lo que en lo sucesivo significaría
para la República
la reforma agraria. El 10 de agosto de 1936 se publicó un decreto según el cual
todo cultivador que voluntariamente hubiese abandonado su explotación quedaba
sujeto a responsabilidad, y sus tierras intervenidas «a los fines del oportuno y
racional rendimiento de la misma».
Ulteriormente, ya en el gobierno de Largo Caballero y siendo
Ministro de Agricultura, Vicente Uribe (PCE), se promulgó el decreto de 7 de
octubre de 1937, por el cual se expropiaron sin indemnización y a favor del
Estado las fincas rústicas de quienes a partir del 18 de julio hubiesen
intervenido directa o indirectamente en el movimiento insurreccional contra la República. Las
tierras así expropiadas fueron cediéndose en usufructo «a perpetuidad» - rota por el hundimiento de la República- a los
braceros y campesinos de los términos municipales de su emplazamiento o de los
términos colindantes. A tales efectos -
una norma con precedentes incluso de la época de los romanos- se consideró
mérito especial el estar sirviendo en el ejército, en las milicias o en
unidades voluntarias, o el haber sido herido en acto de guerra o ser pariente
en primer grado de muerto en combate.
La forma de explotación
- individual o colectiva- no se prejuzgó, quedando a la libre elección
de la correspondiente asamblea de obreros agrícolas y campesinos. Como órgano
de enlace y tutela de las fincas expropiadas se mantuvo el Instituto de Reforma
Agraria. Conforme a este decreto entre octubre de 1936 y la primavera de 1938
se expropiaron 46896 fincas por un total de 4.086.386 hectáreas que fueron cedidas
a los campesinos. Esa superficie equivalía aproximadamente al 50 % de la
superficie sembrada en la zona republicana (tal como ésta se configuraba a
principios de 1937) en la primavera de 1936. Con la particularidad de que enel
País Vasco y Cataluña no quedaban comprendidas, por lo que el porcentaje
efectivo era aún mayor.
En definitiva, por lo menos un 60 % de la tierra labrada
pasó a manos de los campesinos. Los efectos de la cesión en las cifras de
producción no se hicieron esperar. No obstante las dificultades de todo tipo
que representaba la guerra en marcha, el área cultivada aumentó de 1936 a 1937,y otro tanto
sucedió con la producción. Claro es que ello no podía significar que hubiese
alimentos suficientes. Con menos del 50% de la superficie nacional en el verano
de 1937, la República
había de alimentar a más del 70 % de su población. Faltaban además los
fundamentales aportes de carne y pescado de Galicia, de aceite de buena parte
de Andalucía y Extremadura, etc.
En todo caso, lo cierto es que durante la guerra se produjo
en la España
republicana - no obstante las frecuentes
actuaciones a menudo incontrolables de los anarquistas- una verdadera
revolución agraria, la única - y también
efímera- de nuestra Historia. Las fuerzas del ejército republicano de
procedencia rural sabían que tenían la tierra. Esto explica en parte no
desdeñable su espíritu de resistencia.
d) En el sector monetario, el gobierno Giral también se
mostró activo. Las posibilidades de giro contra las cuentas corrientes
bancarias quedaron muy limitadas, a fín de evitar una bancarrota. Por otro
lado, los comités obreros que quedaron a cargo de las empresas confiscadas
fueron autorizados a girar contra las cuentas corrientes sociales.
Ulteriormente, el gabinete Largo Caballero reforzó la intervención del Estado,
mediante un decreto del 3 de octubre de 1936, conforme al cual se crearon los
«comités directivos» para los bancos; en sustitución de los antiguos consejos
de administración, presididos por delegados del gobierno y con participación de
los empleados y de los accionistas residentes en zona republicana. Otro tanto
se hizo respecto a las compañías de seguros. De este modo empezaba a
configurarse lo que de haber triunfado la República habría sido una nacionalización de la
banca y los seguros, y en definitiva la erradicación de la oligarquía financiera.
Por último, sin necesidad de reformas explícitas, el Banco de España se
transformó en la práctica en un órgano del Ministerio de Hacienda.
e) En las industrias y servicios básicos, en el mismo verano
de 1936 dio comienzo todo un proceso de estatización. El 3 de agosto el Estado
se incautó de las compañías ferroviarias y en el curso del mismo mes diversas
disposiciones condujeron al control gubernamental de los consejos de
administración de las compañías eléctricas y a la formación del Consejo General
de Electricidad. Otro tanto se hizo con la Compañía Trasatlántica ,
la CAMPSA ycon
otras empresas de servicios públicos; entre ellas el Banco de Crédito Local y
el Banco Exterior de España.
En definitiva, en el supuesto de haber triunfado la República en la guerra
civil, España se habría convertido en el país más altamente estatificado de
Europa. Claro que el pasar de ahí al socialismo, o a un mero capitalismo
altamente intervenido, habría suscitado en todo caso las mayores
incertidumbres.
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